Con el objetivo de empatar criterios, informar cambios y analizar los retos en materia laboral, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) inició un programa de socialización sobre los retos que conlleva la aplicación de la nueva Reforma Laboral.
En un primer encuentro, Cecilia Rodríguez González, titular de la SDEyT, intercambió opiniones con el sector empresarial hotelero y prestador de servicios, referente a la aprobación de dicha Reforma, que propiciará mejores condiciones para ser una entidad más competitiva y productiva, ya que pretende lograr una nueva justicia laboral, a través de la libre asociación de los trabajadores, así como mejorar las conciliaciones obrero-patronal
Asimismo, Arturo Flores, coordinador del Trabajo y Previsión Social, sostuvo en un segundo encuentro con el sector académico de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, donde precisó que la Reforma contempla un periodo de aplicación de cuatro años para que estén en funciones los nuevos tribunales laborales federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En un tiempo no mayor de dos años, el Centro tendrá que iniciar el registro de los contratos colectivos.
Por su parte, Pascual G. Archundia, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), enfatizó ante integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que el principal reto de la Reforma recae en la creación del Consejo de Coordinación, el cual tendrá por objeto establecer la política y la coordinación necesaria para implementar el Sistema de Justicia Laboral.
Es decir, el Consejo será el encargado de emitir acuerdos, lineamientos, normas y procedimientos necesarios, de carácter vinculatorio para el debido cumplimiento de su objeto.
Ante los retos asociados a la implementación de la Reforma, en el estado, señaló Cecilia Rodríguez, se trabaja en crear la ley y los reglamentos secundarios que enuncien los cambios en materia de democracia sindical, la creación de un órgano autónomo para la conciliación y el registro sindical, así como la transferencia de las juntas de Conciliación y Arbitraje, para dar paso a la justicia laboral a cargo del Poder Judicial.
