CUERNAVACA A LA VANGUARDIA EN LEGISLACIÓN SOBRE PROTOCOLOS CONTRA LA CORRUPCIÓN



El Ayuntamiento de Cuernavaca se pone a la vanguardia en Morelos al actualizar su legislación y entrar en vigor los protocolos en el combate a la corrupción, acoso y discriminación, y el Código de Ética de los Servidores Públicos, informó Héctor Camacho Sánchez, Director General de Mejora e Innovación Administrativa, de la Contraloría Municipal.

Esta mañana en conferencia de prensa, el funcionario municipal dijo que por instrucciones del Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, se fortalece la política contra actos irregulares en el gobierno de la ciudad.

Al publicarse en el Periódico Tierra y Libertad la normatividad municipal, la Contraloría Municipal emprendió distintas campañas para no permitir más actos de corrupción y cero impunidad por parte de servidores públicos.

El Programa "No más Corrupción " establece actividades clave para la prevención de actos fueran de la norma, pero también la sanción de los actos de corrupción al interior del ayuntamiento.

En el caso del Protocolo del Código de Ética que entró en vigor recientemente tiene por objeto combatir el hostigamiento, acoso sexual y no discriminación, por lo que se activan los protocolos con la vigilancia de un comité de Ética Pública.

Asimismo dio a conocer el Declaranet que tiene como propósito una mejor práctica de prevención. Se implementó el Declaranet Plus, que es un sistema informático que permite que los servidores públicos municipales realicen su declaración patrimonial y de intereses electrónicamente, con la información que capturen se traduce en una herramienta clave y efectiva para el combate a la corrupción.

Héctor Camacho Sánchez destacó finalmente la instalación del Módulo de Recepción de Denuncias para Personas con Capacidades Diferentes que hace fácil y accesible el proceso de denuncia, basado en el diseño universal, que evita la problemática a la que se enfrentan las personas con alguna discapacidad al enfrentarse a barreras del entorno físico o social, barrera que cancela su derecho de inclusión.