Detalló que dicha petición documenta la omisión de ministración de recursos hacia dos organismos autónomos estatales, tales como la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en el ejercicio fiscal 2018, por alrededor de 120 millones de pesos.
Sotelo Salgado refirió que además del ex gobernador, en estas dos demandas por diversos hechos se señala a los ex titulares de las secretarías de Hacienda y de la Contraloría durante ese año, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente
Precisó que los recursos mencionados estaban etiquetados en el presupuesto de egresos y no fueron suministrados, lo cual no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.
El consejero Jurídico refirió que la solicitud de juicio político no es exclusiva para la separación de algún cargo gubernamental, sino también alcanza la inhabilitación,
Asimismo, explicó que la ley establece un periodo de un año, después de la separación del cargo del funcionario, para presentar este tipo de requerimiento, por lo que señaló que el Gobierno actual se encuentra dentro del plazo para cumplir con esta obligación.
Finalmente, Samuel Sotelo mencionó que el proceso de juicio político no llega hasta los extremos de llevar a la cárcel a los ex funcionarios señalados, sin embargo, faculta a la autoridad correspondiente
