El Colectivo de Abogados Anticorrupción declaró que en el sistema de justicia estatal existen muchas cuotas de poder económico, más allá de la justicia que todo morelense aspira tener como derecho constitucional, por lo que sostuvieron que se requiere de un nuevo sistema, en el que haya jueces honestos que no tengan actitudes de complicidad, corrupción o de vendettas políticas, al señalar a la juez Martha Lorena Ortega Hernández y al magistrado Jaime Castera Moreno.
La organización denunció cómo opera “un sistema bien organizado de despojo de inmuebles en los juzgados civiles”, que inicia con la ubicación de predios intestados o en estado de abandono o en conflictos posesorios.
Aseguran que en ese momento se pone en marcha el trabajo de despachos de abogados que -aseguraron- mantienen estrechas relaciones políticas, familiares y personales con gente de la política y de la impartición de justicia al más alto nivel.
El Colectivo de abogados anticorrupción aseguró que la red incluye al menos un notario bien posicionado en las esferas del poder
Aseguran que uno de los despachos que actúan de esa manera es el del magistrado Jaime Castera Moreno, quien consiguió un acuerdo con la institución bancaria BBVA-Bancomer (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) como su despacho externo en el Estado de Morelos.
Agrega la denuncia que la forma de operar de manera quirúrgica les permite tener nexos en dependencias como el Catastro Municipal y otras más, y la pinza se cierra en el interior del Poder Judicial del Estado de Morelos, donde cuentan con jueces colocados por ellos para obtener sus fines personales y económicos.
Agregan que “ejemplo de ello es la Juez Tercero Civil de primera instancia del primer distrito judicial en Cuernavaca, Lic. Martha Lorena Ortega Hernández, allegada a Jaime Castera Moreno, que a través de esta funcionaria pública desahoga sus procedimientos judiciales de manera parcial.
“Es importante destacar que este sistema opera de tal forma que este tipo de asuntos lleguen a las manos de jueces, a modo como la licenciada Martha Lorena Ortega Hernández, ya que el sistema de ingreso de demandas puede ser vulnerado a tal grado que este tipo de despachos puedan controlar perfectamente los jueces qué dictarán sentencias a su favor”.
En este punto -continua el señalamiento- Castera Moreno “ha logrado ser magistrado en el Poder Judicial bajo componendas políticas, ocupando el cargo por tiempo determinado, para solicitar licencia con el fin de no cumplir el periodo completo, esto le permite por una parte contar con el control al interior del sistema de justicia y por otro lado le permite interactuar en la política morelense en busca de cargos públicos estratégicos como la dirección general de política municipal, con lo que tiene acceso a documentos referentes a los pagos de impuestos prediales, que son necesarios para la identificación y requisitos de los posibles inmuebles que puedan adjudicarse”.
La asociación de abogados independientes cita que la organización Mexicanos contra la Corrupción ha señalado que tanto jueces, magistrados, notarios y algunos despachos jurídicos, mantienen un estilo de vida que no va a acorde a los ingresos de sus propias actividades laborales, “esto reviste mucho en Morelos, ya que en la entidad los sueldos tabulares no son muy altos y este tipo de funcionarios como la Juez Tercero en Cuernavaca, Martha Lorena Ortega Hernández, se benefician de este tipo de prácticas tan bien estructuradas que es imposible detectar sus movimientos”.
“Actualmente Jaime Castera Moreno es magistrado de la ponencia uno en el municipio de Cuautla Morelos, gracias a sus contactos políticos. Con ello es evidente cómo controlan el poder judicial, siendo claras las pruebas presentadas de su mala fe dañando y perjudicando a sus contrapartes interponiendo sus intereses personales, juezas como Martha Lorena Ortega Hernández usan el poder para enriquecerse de una forma arbitraria, corrupta, menoscabando a gente inocente que aún cree en su sistema de justicia”.
La organización hizo un llamado urgente al Poder Judicial del Estado de Morelos, apelando a la honestidad y “a sabiendas que no todos los funcionarios son parte de este sistema de delincuentes de cuello blanco”.
Resaltaron que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos señala que todos los servidores públicos encargados de la administración de justicia están impedidos para el ejercicio de la abogacía, por lo que la organización denunciante se preguntó si “cómo ciudadanos, el Poder Judicial nos garantiza imparcialidad en nuestros casos, cuando un magistrado, un despacho jurídico y una notaría tienen los mismos intereses personales”.
Por último, aseguraron que solo la justicia federal protege a los mexicanos de muchos de los impartidores de justicia de primera y segunda instancia, que abusan del poder y violan la Constitución y la ley a su antojo.
