El diputado Alberto Sánchez Ortega, presentó una iniciativa que busca actualizar la Ley del Salud del Estado de Morelos en sus conceptos y terminología, para eliminar los términos excluyentes y peyorativos que eviten el capacitismo y la falta de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.
Las reformas propuestas por el legislador pretenden garantizar que se respeten a favor de este sector de la población, la aplicación de los principios de igualdad, no discriminación y progresividad.
“Es indispensable, que no exista discriminación en la atención y servicios que presten las Instituciones Gubernamentales, y que estos tengan pleno conocimiento de que existen diferentes tipos de discapacidad, cuya definición establece que son: la discapacidad física, mental, intelectual y sensorial”.
Durante la última sesión del periodo ordinario clausurado el sábado anterior, el legislador presentó al Pleno Legislativo su propuesta que considera necesario contribuir al respeto de sus derechos, al reconocimiento de su capacidad a decidir, y que puedan acceder a los servicios de salud en igualdad de condiciones que los demás.
El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso del estado, destacó que los modelos de tratamiento que históricamente se han aplicado a las personas con discapacidad, los han puesto, por sus propias características o condición, en exclusión y considerados biológica y físicamente inferiores al resto de la sociedad.
El legislador integrante del Grupo Parlamentario (GP) del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), precisó que su iniciativa, que fue enviada a comisiones legislativas para su análisis y dictamen, pretende incluir en la atención a la salud, el tema de adicciones para armonizar con la Ley General de la materia y visibilizar estos padecimientos para que la población con discapacidad, pueda acceder a los tratamientos necesarios.
En este tenor se debe reconocer su capacidad y personalidad jurídica, así como garantizar su aceptación voluntaria y con el consentimiento previo, libre e informado de la persona, en estos tratamientos y sobre todo en el internamiento, aun tratándose de personas con discapacidad intelectual o mental, finalizó.
